El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece un marco legal que todas las empresas deben cumplir cuando tratan datos personales de clientes, empleados, proveedores u otros interesados. Estas obligaciones del RGPD no solo responden a un requisito normativo, sino que también representan una oportunidad para fortalecer la transparencia, la confianza y la reputación corporativa.
Principales obligaciones del RGPD para las empresas
- Información y transparencia
Las organizaciones deben informar de manera clara y accesible a los interesados sobre el uso que harán de sus datos. Esto implica elaborar políticas de privacidad adaptadas y fácilmente comprensibles. - Consentimiento válido
El tratamiento de datos personales debe basarse en un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco. No se admiten casillas premarcadas ni silencio como forma de aceptación. - Registro de actividades de tratamiento
Las empresas deben llevar un registro documentado de las operaciones que realizan con datos personales: qué información recogen, con qué finalidad, durante cuánto tiempo la conservan y a quién se comunica. - Medidas técnicas y organizativas de seguridad
Se exige garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos mediante protocolos de seguridad, cifrado, control de accesos, copias de seguridad y planes frente a incidentes. - Evaluaciones de impacto (EIPD)
En los casos de tratamientos de alto riesgo, como la gestión de datos de salud o monitorización masiva, el RGPD obliga a realizar una evaluación de impacto para identificar y minimizar riesgos. - Delegado de Protección de Datos (DPD)
Determinadas entidades —como las que tratan datos sensibles a gran escala o administraciones públicas— están obligadas a designar un DPD que supervise el cumplimiento normativo. - Notificación de brechas de seguridad
En caso de una violación de seguridad, la empresa debe comunicarla a la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas, y en algunos supuestos, también a los afectados.
Cumplir con estas obligaciones no solo evita sanciones que pueden alcanzar hasta el 4% de la facturación anual, sino que también aporta un valor añadido en términos de confianza, transparencia y sostenibilidad corporativa.