Con la entrada en vigor de la Ley 18/2022, conocida como «Crea y Crece», la facturación electrónica será una exigencia legal para empresarios y profesionales a partir de 2025. Esta normativa, activa desde octubre de 2022, busca facilitar la creación de empresas, eliminar barreras regulatorias, combatir la morosidad e impulsar el crecimiento empresarial.

La implementación de la factura electrónica marca el fin de métodos tradicionales como el uso de documentos en papel, Excel o Word. Este cambio tiene como objetivo principal fomentar la transparencia y la eficiencia en las transacciones comerciales, mientras se reducen los riesgos de morosidad.

Puntos clave sobre la factura electrónica

¿Qué implica esta nueva regulación?

La Ley establece que las facturas deberán generarse en formatos electrónicos específicos que cumplan con estándares de seguridad y permitan la interoperabilidad entre sistemas. Esto supone abandonar métodos como PDF, Word o Excel, que no cumplen con los requisitos técnicos necesarios.

Formatos aceptados para la factura electrónica

Los formatos estructurados requeridos incluyen XML CII, Facturae (utilizado por la AEAT), UBL (Universal Business Language) y EDIFACT, entre otros. Estos estándares no solo aseguran la trazabilidad de las transacciones, sino que también permiten una mayor automatización y cumplen con las exigencias de seguridad establecidas por la normativa.

Beneficios de la medida

  • Transparencia: Unificar formatos de facturación, mejora el control y la supervisión de las transacciones comerciales.
  • Eficiencia: Los procesos automatizados reducen errores y ahorran tiempo en tareas administrativas.
  • Competitividad: La adopción de estándares internacionales posiciona a las empresas españolas en línea con las prácticas de otros países europeos.

Plazos de adaptación a la Ley de factura electrónica

La normativa establece dos plazos diferentes según el volumen de operaciones:

  • Empresas con operaciones superiores a 8 millones de euros: 1 año desde la publicación del Real Decreto.
  • Empresas con operaciones inferiores a 8 millones de euros: 2 años desde la misma fecha.

Esto afectará especialmente a las pymes, que representan el 93,15% del tejido empresarial español, según datos del Ministerio de Industria.

Relevancia de la protección de datos

Es esencial garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos incluidos en las facturas electrónicas. Los sistemas utilizados deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Antifraude y el Real Decreto 1007/2023, implementando medidas que eviten brechas de seguridad y aseguren el cumplimiento normativo.

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