Es todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.

Este concepto no sólo comprende los servicios remunerados sino también los no remunerados por los destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.

Son servicios de la Sociedad de la información, entre otros, y siempre que representen una actividad económica los siguientes:

• La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
• La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.
• La gestión de compras en la red por grupos de personas.
• El envío de comunicaciones comerciales.
• El suministro de información por vía telemática.
• El vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede seleccionar a través de la red, tanto el programa deseado como el momento de su suministro y recepción.

Existe un régimen de libre competencia y de libertad de prestación de servicios, que también se aplica a los prestadores de servicios que procedan de otros estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, la prestación de estos servicios no estará sujeta a autorización previa. Es decir, las empresas podrán operar en Internet sin necesidad de ninguna clase de autorización. Sin embargo, las actividades que, por su normativa específica, si están sujetas a una autorización previa, también deberán obtenerla para operar a través de la red.

Persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información.

Son las compañías que gestionan las líneas de comunicación que permiten a los usuarios finales acceder a la información que demandan. Habitualmente estas mismas compañías actúan como proveedores de acceso.

Empresas que dan conexión a Internet a particulares y a otras empresas. Son empresas con un ordenador de alta capacidad al cual se conectan los usuarios remotos, vía módem a través de una línea telefónica.

Toda la información relacionada con la web del usuario está almacenada en el disco duro de su proveedor. Podemos decir que el proveedor de Internet es la puerta que nos da acceso a la red de redes.

Toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o de los bienes o servicios de una empresa u organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

Es la celebración de un contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones.

No, lo dispuesto en el Título IV de la LSSI-CE no es de aplicación a los contratos relativos al Derecho de familia y de sucesiones.

La creación o transferencia de derechos sobre bienes muebles, salvo los arrendamientos regidos por la legislación común.

Los que requieran por Ley la intervención de tribunales, autoridades públicas o notarios, o registradores de la propiedad y mercantiles, como profesionales que ejercen la autoridad pública.

Los de crédito y caución, y los de garantía en forma de títulos presentados por personas que actúen por motivos ajenos a su actividad económica, negocio o profesión.

Los servicios de la sociedad de la información no podrán atentar contra los siguientes principios:

• La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
• La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.
• El respeto de la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.
• La protección de la juventud y de la infancia.

Por incumplimiento de las medidas provisionales. El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador podrá imponer multas coercitivas por importe que no exceda de 6000 euros por cada día que se incumpla las medidas provisionales que hubieran sido acordadas.

Son todos los requisitos aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, tanto si son exigidos por la presente Ley u otras normas que regulen el ejercicio de actividades económicas por vía electrónica, o por las leyes generales que les sean de aplicación.

Es toda actividad profesional que requiera para su ejercicio la obtención de un título, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología controlará el cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de las obligaciones establecidas en la LSSI-CE

• Código Civil y Código Comercio .
• Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista.
• Ley 7/1998 de 13 de abril de condiciones Generales de Contratación.
• Ley 7/1995 de 23 de marzo de Créditos al Consumo.
• Ley 28/1998 de 13 de julio de Venta a Plazo de Bienes Muebles.
• RD 14/1999 de 17 de septiembre de Firma Electrónica.
• RD1906/1999 de 17 de diciembre de 1999 por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales de contratación.

La normativa española se aplicará a los contratos que los consumidores celebren con prestadores establecidos en España. El lugar de establecimiento en España de un prestador de servicios debe estar indicado en su página web y puede comprobarse mediante consulta al Registro Mercantil u otro en que el prestador esté inscrito.

También se aplicará la Ley española a las compras que efectúen a prestadores de servicios establecidos en otro Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (países de la Unión Europea más Noruega, Islandia y Liechtenstein), siempre que la normativa española sea más beneficiosa para el consumidor que la legislación del país en que resida el prestador de servicios.

Si la compra o la contratación del servicio se realiza a un prestador de servicios establecido en un país que no pertenezca al Espacio Económico Europeo, la legislación española sólo será aplicable si los consumidores españoles compran en tiendas virtuales que dirijan su actividad al mercado español o se hayan puesto en contacto con el consumidor a través de correo electrónico.